Fiscalidad y crisis económica-financiera

Descripción

Las políticas de consolidación fiscal aplicadas en la zona del euro a partir de 2010 frente a las secuelas de la Gran Recesión de 2008, fundamentadas en el principio de austeridad, han fracasado desde las perspectivas del empleo, del bienestar y de la cohesión social, al elevarse los niveles de paro, de empobrecimiento y de exclusión social en los Estados miembros de la periferia del sur. También asentaron las bases para un modelo de crecimiento económico más lento e inestable. Sin embargo, a la par lograron salvaguardar los intereses y el bienestar de la clase económica dominante, al facilitar la concentración de los ingresos y de la riqueza en una minoría selecta de la población.
Pese a las múltiples manifestaciones de rechazo popular cristalizadas en el Movimiento 15-M, que en mayo de 2011 recogió el sentir de millones de indignados en España frente a la clase política gobernante y a sus políticas (de ajuste para la clase obrera, y de extensión de privilegios para los adinerados, como el rescate financiero o la nueva amnistía fiscal), y que luego se fueron extendiendo a otros países (Grecia, Portugal, Italia, Inglaterra…) hasta alcanzar el corazón financiero de Nueva York -a través del movimiento Occupy Wall Street-, los gobiernos de la zona del euro mantuvieron dicha fórmula, que algunos calificaron de austericidio.
La inicial crisis financiera se originó sobre la base de una ingente deuda privada acumulada, con una espiral especulativa alimentada por la desregulación de las actividades típicas de la banca de inversión en los Estados Unidos de América, junto a la ambición generalizada de obtener rápidas ganancias a corto plazo. Y en los mercados interbancarios, el estado de mutua desconfianza de los bancos privados vino a agravar el originario problema de liquidez hasta transformarlo en uno de solvencia, lo que llevó a la quiebra incluso al gigante Lehman Brothers. La insolvencia de numerosas entidades puso al borde del colapso al sistema financiero capitalista, y la respuesta de los Gobiernos de los países avanzados fue implementar unos amplios programas públicos de rescate del sector financiero. En el caso de España, el coste de las ayudas públicas al sector financiero durante la crisis económica-financiera se elevó a 66.577 millones de euros al cierre de 2018, según el Tribunal de Cuentas; una cifra superior en un 1,3% a la estimación de 65.725 millones del Banco de España. Aunque el volumen de recursos comprometidos en la reestructuración por el FROB, el Fondo de Garantía de Depósitos y el Banco de España fue de 122.754 millones de euros, por las actuaciones emprendidas entre 2009 y 2018. La principal consecuencia de este rescate financiero fue la penalización de los contribuyentes porque, dada la limitación de los recursos presupuestarios, la asignación destinada al primer fin se hizo, en una alta proporción, a expensas de los programas de gastos sociales.
Pese a la inyección de recursos públicos recibida, la banca privada no cumplió en esta fase con su función primordial de otorgar créditos a empresas y familias, lo que auspició a su vez al desencadenamiento de la posterior crisis económica. La fuerte restricción del crédito frenó las vías de financiación para la inversión -afectando más a las pequeñas y medianas empresas, el pilar maestro para la creación de empleo- y el consumo, siendo así una rémora para el crecimiento económico y la generación de nuevos puestos de trabajo.
Asimismo, la implementación de unas políticas fiscales restrictivas orientadas por el principio de austeridad tampoco podía coadyuvar a restablecer una senda de crecimiento intensivo en empleo, y ni siquiera logró recuperar los saldos presupuestarios. Tampoco resultó necesario ejecutarlas con una intensidad tan fuerte como contraproducente, como lo demuestra la ulterior confesión del ministro español de Asuntos Exteriores en funciones -copartícipe en la adopción de tales medidas- quien, en mayo de 2016, afirmó lo siguiente: «Nadie puede gastar indefinidamente más de lo que ingresa (…) pero no es menos cierto que nos hemos pasado cuatro pueblos en el tema de la austeridad». Pero el reconocimiento oficial de su fracaso lo certifican, por una parte, el radical giro adoptado a posteriori en relación a la orientación de la política fiscal en el seno de la Unión Europea, tras la aprobación en julio de 2020 de un plan de gasto público excepcional por parte del Consejo Europeo para la recuperación económica, denominado NextGenerationEU, que autorizó a la Comisión Europea a emitir hasta 750.000 millones de euros en nombre de la UE para conceder préstamos y subvenciones a los Estados miembros, precisamente para combatir los efectos de la siguiente recesión económica, originada por la pandemia del COVID-19. Y por otra, la suspensión de las reglas fiscales en la zona del euro adoptada por la Comisión Europea entre 2020 y 2021 -lo que a su vez evidencia la superioridad de la inteligencia frente a las reglas fijas-, al activarse la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Las consecuencias de las políticas de austeridad fueron manifiestas: se registró un paro masivo que castigó más a los trabajadores jóvenes y se prolongó el período de desempleo, lo que llevó a muchas personas trabajadoras a engrosar la tropa de los pobres y excluidos sociales, registrándose un incremento ignoto en la desigualdad distributiva de la renta y de la riqueza. Y junto a la política de recortes aplicada en las partidas presupuestarias del gasto social, también se facilitó la devaluación salarial, promovida por unas reformas laborales de impronta neoliberal. Ese cóctel de factores es lo que fundamenta el mayor empobrecimiento observado en España y en otros países de la periferia sur de la zona del euro, tras la crisis económica-financiera. Como resultado, las sufridas clases medias han ido menguando de tamaño, a la par que se han ampliado las filas de las clases populares. Mientras tanto, las élites económicas, instaladas cómodamente en la cúspide de la pirámide social, continuaron con su ardua labor de seguir acumulando riqueza.